La dirigencia nacional de Morena descartó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea un acto de venganza o que lo convierta en un preso político. Su presidenta, Ariadna Montiel, afirmó que la oposición intenta proteger a un «delincuente» involucrado en una de las redes más complejas de tráfico e importación ilegal de combustible en el país.
Frente a las críticas de partidos de oposición y la organización Somos México, la dirigente sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) actuó con base en investigaciones previas y con una orden de aprehensión otorgada por un juez. Montiel cuestionó la postura de la derecha, señalando una doble moral al demandar combate al «huachicol fiscal», pero rechazar las acciones judiciales cuando señalan a sus integrantes.
«Presos políticos somos quienes fuimos perseguidos por luchar por los derechos del pueblo. Lo otro es intentar encubrir a un delincuente», aseveró la dirigente.
Cuestionada sobre la posible implicación de funcionarios, agentes aduanales o miembros de la Secretaría de Marina —institución a la que se le delegó el control aduanero en la administración anterior—, Montiel garantizó que no habrá encubrimiento para nadie, sin importar el cargo o la afiliación al movimiento. Como prueba de este compromiso, citó la Operación Enjambre promovida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Finalmente, la líder morenista recordó que el propio expresidente Felipe Calderón llegó a señalar a Ruffo Appel por supuestos vínculos con el crimen organizado, además de subrayar que la llegada del expanista a la gubernatura fue producto de los acuerdos políticos («concertacesiones») del periodo que dio origen al bloque PRI-PAN.
