Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración ha aplicado el mismo protocolo legal en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Durante la conferencia matutina, la mandataria federal denunció que existe una campaña de desprestigio impulsada para vincular a la Cuarta Transformación con el narcotráfico.
Actuación equitativa ante solicitudes de EE. UU.
Sheinbaum hizo un recuento de las acciones emprendidas por el gobierno federal ante la participación de autoridades estadounidenses en territorio nacional y las peticiones de detención, subrayando que en ambos casos se apegaron a los procedimientos marcados por la ley.
“En el caso de Chihuahua, decimos a la fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución y a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo, le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pida opinión de la FGR para ver si hay pruebas de la urgencia de la detención provisional. Misma actuación del gobierno, pero se viene esta campaña”, declaró la presidenta.
En su primera aparición en la conferencia matutina como Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde desglosó el estado de la petición emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York:
Naturaleza de la solicitud: Aclaró que no se trata de una solicitud formal de extradición, sino de una petición de detención provisional con fines de extradición, la cual exige demostrar la urgencia de la medida.
Falta de fundamentación: Alcalde señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que las autoridades estadounidenses no aportaron los elementos de prueba que justifiquen el riesgo de sustracción de la justicia o la obstaculización del proceso.
Sin prejuzgar: La funcionaria subrayó que la FGR no ha determinado si se cometió o no un delito, pero consideró que la petición es improcedente en los términos presentados por falta de evidencia sobre la urgencia.
La Consejera Jurídica señaló que se ha solicitado al país requirente guardar la confidencialidad del caso para proteger el debido proceso, evitar filtraciones y frenar lo que denominó un «linchamiento mediático», finalizó
